¿Para cuándo el CNE convocará las elecciones de concejales?

enero 30, 2011

Monitor Electoral

No 49

Editorial

Cuando en 2008 el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó en menos de tres meses la Enmienda Constitucional que terminó aprobando la posibilidad de Reelección Indefinida, realizada en febrero de 2009 luego de ser rechazada por el pueblo en 2007, podría decirse que cumplió con el principio de “celeridad y eficiencia”, previsto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.

Sin embargo, para ese mismo mes de febrero el CNE ya debía tener programadas las Elecciones de Concejales y Miembros de Juntas Parroquiales a realizarse a más tardar en agosto de 2009; ya que según la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política vigente en ese momento, cada elección debía ser convocada por el Poder Electoral con un mínimo de seis meses de anticipación.

Estos funcionarios municipales, que de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) ejercen la representatividad democrática en las instancias gubernamentales más cercanas a los ciudadanos (Juntas Parroquiales y Municipios), para agosto de 2009 ya habrían cumplido los cuatro años, que según la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) es el período de gobierno que corresponde a los Concejales.

En un flagrante ejemplo de la falta de separación entre los Poderes Públicos, que deberían ser autónomos para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos a través del correcto funcionamiento de los mecanismos democráticos; el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  y la Asamblea Nacional (AN) esquivaron la ejecución de las elecciones municipales y parroquiales: Esta última instancia ordenó sin justificación alguna su posposición de 2009 a 2010; el TSJ no atendió los recursos jurídicos presentados oportunamente por Súmate para obligar al CNE a convocar estas elecciones; y este último organismo jamás se pronunció acerca de la necesaria realización de estas elecciones, vitales para poder cumplir con la soberanía del pueblo establecida en el Artículo 5 de la CRBV: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.

Así transcurrió el resto del año 2009 y prácticamente todo 2010, aunque la orden de la AN en mayo de 2009 – a través de una Reforma de la LOPPM, cuestionada por Súmate ante el TSJ por su inconstitucionalidad – fue la de realizar las elecciones pendientes en el segundo semestre de 2010. El organismo electoral se abocó a las Elecciones Parlamentarias de septiembre y a las pendientes en dos gobernaciones y 9 alcaldías por ausencias definitivas de sus titulares, realizadas en Diciembre; mientras el Directorio del CNE mantuvo un mutismo absoluto respecto a las elecciones municipales y parroquiales. 

Casi agotado el 2010, la Asamblea Nacional saliente aprobó y reformó una cantidad significativa de leyes para intentar apuntalar a última hora el proyecto político del Presidente de la República, de espaldas al artículo 211 constitucional, que la obliga a consultar a los ciudadanos y a la sociedad organizada, para oír su opinión sobre las mismas.

Entre ellas, se reformó nuevamente la LOPPM y se promulgó una Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, de enorme impacto sobre los Concejos Municipales y las Juntas Parroquiales.

Esta última Ley, con apenas 5 artículos y una disposición final, prescribe un nuevo esquema para la convocatoria de elecciones nacionales, regionales y municipales, de manera que en el futuro las elecciones de concejales necesariamente deberán realizarse conjuntamente con las de alcaldes.

Considerando que los períodos de los alcaldes en ejercicio vencen al final de 2012, y aunque el artículo 5 de esta nueva Ley establece “Los cargos electivos previstos en el artículo anterior, cuyo mandato expire antes de la fecha de la elección prevista en la presente Ley, permanecerán en sus cargos hasta tanto se realice el proceso electoral correspondiente” (subrayado nuestro), la no previsión en una disposición transitoria de aquellos casos como los de concejales cuyos cargos ya expiraron hace un año y medio, plantea al CNE la pregunta que durante dos largos años se ha negado a responder: ¿para cuándo convocará las elecciones de concejales?.

Y – de nuevo – si el CNE pretende cumplir con la garantía de “eficiencia” ordenada por el Artículo 293 constitucional, entre otros, no puede obviar la respuesta requerida por los ciudadanos; que a juicio de Súmate no debería ser otra que la convocatoria inmediata de estas elecciones, organizadas en un período mínimo de seis meses.

Por la otra parte, en su intento abiertamente inconstitucional de fortalecer la estructura “comunal” que sirve de base al Socialismo del Siglo XXI, como proyecto político del Presidente de la República, la reforma de la LOPPM pretende acabar con el derecho al sufragio secreto, universal y directo, consagrado en los artículos 5, 62, 63 y 64 de la CRBV, al ‘despedir’ desde el 28 de Enero a los miembros de las Juntas Parroquiales electos por el pueblo, creando ahora una “Junta Parroquial Comunal”, pretendiendo que sus futuros líderes sean “electos por los voceros y voceras de los consejos comunales de la parroquia respectiva”, según su Artículo 35.

Representantes de los miles de miembros de las Juntas Parroquiales, electos en 2005, tanto del oficialismo como de la oposición, justamente reclaman su derecho a ser sustituidos por el mecanismo constitucional establecido y no por algún otro que les limite sus derechos políticos a ser elegidos, así como el derecho a elegir que ya han tenido los millones de ciudadanos cuyas Juntas Parroquiales se han organizado desde hace años.

Súmate seguirá atenta a las decisiones y pronunciamientos de las instancias directamente impactadas por la gestión inconstitucional de los diputados salientes de la AN, que incurrieron en lo establecido en el Artículo 25 de la CRBV: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

En especial, existe gran expectativa acerca de la respuesta oficial del CNE y las acciones en el marco de la nueva Asamblea Nacional, que deberá intentar enmendar la plana de quienes intentaron desvalijar la capacidad institucional para controlar el avance de un proyecto político rechazado por la mayoría de los venezolanos en el Referendo Constitucional de 2007. Y Súmate apoyará a quienes promuevan la democracia a través del fortalecimiento

Referendo Referendos

enero 30, 2011

Monitor Electoral

No 49

Análisis

La siguiente tabla esquematiza los diferentes recursos jurídicos de consulta ciudadana:

  

Existen varios tipos de Referendos que deben ser comparados  y evaluados a la hora de considerar los distintos tipos de consulta previstos en nuestro ordenamiento jurídico:

Referendo Consultivo (Art. 71 CRBV)

Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a Referendo Consultivo, así como las materias parroquiales, municipales y estadales; por iniciativa del Presidente de la República, en Consejo de Ministros; por voto mayoritario en la AN; por junta Parroquial; Concejo Municipal; Consejo Legislativo (por acuerdo de las dos terceras partes); Alcalde; Gobernador; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores inscritos en el RE en la circunscripción correspondiente.

Referendo Revocatorio (Art. 72 CRBV)

Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, una vez transcurrido la mitad de su período. La solicitud de Referendo Revocatorio debe ir acompañada con firmas de al menos el 20% de los electores inscritos en la circunscripción correspondiente. De ser aprobada la solicitud, se convoca a elecciones. La revocatoria del mandato se hace efectiva si vota al menos el 25% de los electores inscritos en el RE de la circunscripción correspondiente, y el resultado favorece a la solicitud correspondiente.

Referendo Abrogatorio (Art. 74 CRBV)

Abrogación es la derogación de una ley por una disposición de igual o mayor jerarquía que la sustituida, es por eso que una Constitución sólo puede ser abrogada por otra Constitución. La solicitud de un Referendo Abrogatorio de una ley (total o parcial) debe ir acompañada con firmas de al menos el 10% de los electores inscritos en el RE. Los decretos con fuerza de ley (Art. 236) requieren de al menos el 5% de los electores inscritos en el RE. El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, también puede solicitar la abrogación de leyes. De ser aprobada la solicitud, se convoca a elecciones. La ley es derogada si vota al menos el 40% de los electores inscritos en el RE, y el resultado favorece a la solicitud. No pueden ser derogadas leyes de presupuesto, de amnistía, ni aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos, así como tampoco las que sean aprobadas en tratados internacionales. No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un período constitucional para la misma materia.

Referendo Aprobatorio (Art 73 CRBV)

Por aprobación de las dos terceras partes de la AN, los proyectos de ley que se encuentren en discusión pueden ser sometidos a referendo aprobatorio. Para que el proyecto de ley pueda ser sancionado, es necesario que participe al menos el 25% de los electores inscritos en el RE. Si la iniciativa de la ley corresponde a los electores, el proyecto de ley se someterá a referendo aprobatorio, cuando el debate en la AN no se inicie dentro el período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado (Art. 205 CRBV).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Electores

enero 30, 2011

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No 49

Mecanismos de consulta ciudadana

Enmienda (Art. 341 CRBV)

La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura fundamental (Art. 340 CRBV). La iniciativa podrá partir del 15% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral (RE). El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los treinta días siguientes a su recepción formal. Se considerarán aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la ley relativa al referendo aprobatorio.

Reforma constitucional (Art. 342-345 CRBV)

La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. La iniciativa de la reforma de la Constitución podrán tomarla la AN (voto mayoritario); el Presidente, en Consejo de Ministros; o un número no menor del 15% de los electores inscritos en el RE que lo soliciten. La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor de dos años, contados a partir de la fecha en la cual conoció y aprobó la solicitud de reforma. El proyecto de reforma se considerará aprobado con el voto de las dos terceras partes de la AN. Se declarará aprobada la reforma constitucional si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos. El proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a referendo dentro de los 30 días siguientes a su sanción. La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.

Actores

enero 30, 2011

Monitor Electoral

No 49

LDSPAN , una ley contra las ONG de DDHH

Con apenas 10 artículos de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (LDSPAN) aprobada por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 23 de diciembre de 2010, se pretende seguir intimidando a Organizaciones No Gubernamentales que – por denunciar el irrespeto al cabal funcionamiento de los mecanismos democráticos – le resultan incómodas al gobierno.

Súmate resulta afectada como Organización No Gubernamental y participante de la sociedad civil venezolana que defiende los derechos políticos de todos los venezolanos. Es oportuno señalar que algunos parlamentarios de la AN salientes utilizaron el nombre de esta institución ciudadana como modelo de la supuesta necesidad de una Ley con el fin de controlar el financiamiento internacional. 

El 20 de diciembre de 2010, Súmate envió una carta al Diputado Roy Daza, para el momento Presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional; solicitando un derecho de palabra ante dicha Comisión, para alertar acerca de las amenazas que una ley limitante del mecanismo perfectamente lícito de la cooperación internacional tendría sobre los derechos humanos como los de Libertad de Asociación, Participación Política e Igualdad, garantizados en los artículos 21, 52, 62 y 67 de la Constitución; así como en los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 16 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ni esta vez ni nunca la Asamblea Nacional consultó a esta organización ciudadana antes de la aprobación de la referida Ley. Esto aunque cualquier iniciativa legislativa debe ser previamente sometida a la consulta de la sociedad y las comunidades interesadas, a fin de cumplir con las exigencias de la democracia participativa y protagónica y el derecho constitucional a la participación directa en los asuntos públicos, establecidos en el artículo 62 y más específicamente, en el artículo 211 constitucional: “La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultará a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada, para oír su opinión sobre los mismos…”

Más aún, en el año 2006, cuando la AN aprobó en primera discusión un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, Súmate lo cuestionó fundamentalmente por las razones descritas anteriormente, lo cual fue ratificado tres años después por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual 2009, en el capítulo IV Venezuela, párrafo 498:

“contiene límites al financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que podrían llegar a entorpecer el libre ejercicio de la libertad de asociación de una forma incompatible con los estándares de la Convención Americana”. 

Además, Súmate le indicó a los parlamentarios que los contenidos de este proyecto de ley, finalmente asentados en la nueva LDSPAN, contrarían la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas (Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU53/144), a saber:

Artículo 13: Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, en concordancia con el artículo 3 de la presente Declaración.

Según el texto de la ley, Súmate es considerada una organización para la defensa de los derechos políticos, que son aquellas que tienen por finalidad promover, divulgar, informar o defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.

 Entre otros aspectos, en la LDSPAN se establece lo siguiente:

Artículo 4. El patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales.

Artículo 5. Las organizaciones con fines políticos, organizaciones para la defensa de los derechos políticos o las personas naturales que realicen actividades políticas sólo podrán recibir donaciones o contribuciones que provengan de personas naturales o jurídicas nacionales.

Artículo 8. Los representantes de organizaciones con fines políticos, representantes de las organizaciones para la defensa de los derechos políticos o particulares que inviten a ciudadanos u organizaciones extranjeras para que, bajo su patrocinio, emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía, serán sancionados con multa comprendida entre cinco mil a diez mil unidades tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes.

Los ciudadanos y ciudadanas extranjeros que participen en las actividades establecidas en este artículo, estarán sujetos al procedimiento de expulsión del territorio de la República, conforme a lo previsto en las leyes que regulan la materia.

Siempre surge la pregunta: ¿cuándo una opinión ofende a las instituciones del Estado, sus funcionarios, o atenta con-tra el ejercicio de la soberanía?

A pesar de estos nuevos intentos intimidatorios, Súmate seguirá desarrollando su labor ciudadana independiente en pro de su misión de construcción de democracia; para lo cual continuará siendo fundamental el tiempo y otros recursos que dedican sus miles de voluntarios, por el país que los venezolanos quieren y merecen

 

Procesos

enero 30, 2011

Monitor Electoral

No 49

¿Y las elecciones de Concejos Municipales?

 En agosto de 2009 los electores en Venezuela debieron haber elegido los concejales de 335 Concejos Municipales y los miembros de las 1.084 Juntas Parroquiales debidamente creadas en el pasado, según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). En mayo de ese mismo año la Asamblea Nacional (AN) modificó esta Ley para postergar injustificadamente estas elecciones para el segundo semestre del año 2010.Sin embargo, el CNE nunca convocó estas elecciones.

Súmate presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 9 de julio de 2009 un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra la referida decisión de posponer los comicios locales y, en todo caso, a más tardar a mediados del año pasado, 2010, el CNE debió convocar en definitiva esas elecciones. Sin embargo, ni el CNE hizo la convocatoria, ni los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ se han pronunciado acerca de esta petición. 

Por su parte, al final de 2010 la AN protagonizó un nuevo round contra el ejercicio democrático de las instancias gubernamentales más cercanas a los ciudadanos, al aprobar, entre otras, la nueva Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, publicada en la Gaceta Oficial 6.013 extraordinaria del 23 de diciembre de 2010. Esta Ley establece que las futuras elecciones de Concejos Municipales deben realizarse junto con las de Alcaldes. 

     Artículo 2. Convocatoria y elección conjunta

El Consejo Nacional Electoral convocará los procesos electorales por tipo de cargo y nivel político territorial, de acuerdo al siguiente esquema:



1. Las elecciones de gobernador o gobernadora y legislador o legisladora de los consejos legislativos de los estados, se convocarán y efectuarán conjuntamente.


2. Las elecciones de alcalde o alcaldesa y concejal o concejala de los concejos municipales, distritales y metropolitanos, se convocarán y efectuarán conjuntamente.

Dado que los períodos de los Alcaldes en ejercicio culminan a finales de 2012, si se espera hasta esa fecha para elegir a los Concejales, los actuales funcionarios tendrán siete años ejerciendo esos cargos, cuando según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los Concejales deben permanecer sólo cuatro años en sus cargos.

Así, se le estaría imponiendo a los electores esperar hasta 2012 para poder escoger sus Concejales.

  Artículo 4. Convocatoria y uniformidad de elecciones

 Los procesos electorales destinados a la elección de gobernador o gobernadora, legislador o legisladora de los consejos legislativos de los estados, alcalde o alcaldesa y concejal o concejala de los concejos municipales, distritales y metropolitanos serán convocados por el Consejo Nacional Electoral en la oportunidad correspondiente, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 5. Permanencia hasta la uniformidad de elecciones


Los cargos electivos previstos en el artículo anterior, cuyo mandato expire antes de la fecha de la elección prevista en la presente Ley, permanecerán en sus cargos hasta tanto se realice el proceso electoral correspondiente. 

¿Y las elecciones de Juntas Parroquiales?

Una de muchas leyes aprobadas o reformadas por la AN a finales de 2010 es la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Según esta reforma, desaparecen las Juntas Parroquiales tal como eran conocidas hasta ahora, incluso la posibilidad de que sus miembros sean electos por voto directo, secreto y  universal.  

Artículo 35.- La parroquia tendrá facultades consultivas, de evaluación y articulación entre el poder popular y los órganos del Poder Público Municipal.

Sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del Municipio, la parroquia será coordinada por una junta parroquial comunal integrada por cinco miembros y sus respectivos suplentes cuando corresponda a un área urbana y tres miembros y sus respectivos suplentes cuando sea no urbana, elegidos para un periodo de dos años. Todos electos por los voceros y voceras de los consejos comunales de la parroquia respectiva.

Para la revocatoria del mandato a los o las integrantes de las juntas parroquiales comunales, se aplicarán las condiciones y el procedimiento establecido para los voceros y voceras de los consejos comunales, dispuestos en la ley respectiva.

Artículo 36º. Para ser miembro de la Junta Parroquial Comunal, se requiere ser venezolano o venezolana mayor de quince años de edad, tener residencia en la parroquia, estar avalado por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de su respectivo consejo comunal. Los extranjeros y extranjeras residentes en la parroquia deberán cumplir con las condiciones establecidas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

¿Y qué pasa entonces con las Juntas Parroquiales?…

La segunda disposición transitoria lo deja muy claro:

Pasados treinta días continuos a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, cesan en sus funciones los miembros principales y suplentes, así como los secretarios o secretarias, de las actuales juntas parroquiales, quedando las alcaldías responsables del manejo y destino del personal, así como de los bienes correspondientes; garantizándose la estabilidad laboral del personal administrativo, empleado y obrero, de acuerdo con las normativas que rigen la materia.

 ¿Inalterabilidad de los períodos?

La Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, establece que los mandatos de los funcionarios electos en comicios extraordinarios durará el mismo período del funcionario al que sustituye:

Artículo 3. Inalterabilidad de los períodos

Cuando se realice una nueva elección, por falta absoluta del titular, por la revocatoria del mandato de acuerdo a la Ley, o por la repetición de alguna a causa de su nulidad, para ocupar cualquiera de los cargos dispuestos en el artículo anterior, el nuevo o la nueva titular del cargo culminará el período que corresponda, sin que pueda entenderse o considerarse como el inicio de un nuevo período y alterar la uniformidad establecida en la presente Ley.

De igual manera en los casos donde se desproclame a un candidato electo o candidata electa por declararse con lugar la impugnación de los resultados electorales o cualquier otra causa, de conformidad con la ley que regula la materia, se procederá a proclamar al que o a la que corresponda como nuevo o nueva titular del cargo, quien culminará el período constitucional, sin que pueda entenderse o considerarse como el inicio de un nuevo período y alterar la uniformidad establecida en la presente Ley.

Elecciones separadas

Luego de la modificación del artículo 82 de la LOPPM, las elecciones presidenciales se separan de las de alcaldes y concejales.

El período de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, electos y electas es de cuatro años. La elección de las mismas será necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Público Nacional.

 

¿Observación o Acompañamiento Electoral?

junio 30, 2010

Ante cada nueva evidencia de la falta de transparencia del CNE en la conducción de los procesos electorales, y dada la falta de respuesta de los organismos jurisdiccionales para corregir oportunamente las irregularidades cometidas y permitidas por la autoridad electoral, la ciudadanía organizada debe  enfrentar eficazmente estos obstáculos que pretenden disminuir el poder del voto y alejarnos del futuro democrático que merecemos todos los venezolanos.

En este contexto, es necesario que la mayor cantidad de ciudadanos entienda la importancia de su voto, ejerciéndolo en las próximas elecciones parlamentarias conscientemente, por un futuro democrático y de progreso que puede construirse en el país. Por eso nadie debe dejarse chantajear por el ventajismo ni caer en la trampa de la intimidación, aprovechando que el voto es secreto. Así valdrá la pena defender los votos, sumándose a la labor de los testigos electorales acreditados por los candidatos y la de los observadores electorales.

En cuanto al ejercicio de la observación, de acuerdo al “Reglamento en materia de Observación Nacional Electoral y Acompañamiento Internacional Electoral”, publicado por el CNE en su página web el pasado 16 de Junio, las organizaciones observadoras deberán “Mantener bajo estricta confidencialidad o reserva el contenido de los intercambios de opinión o sugerencias formuladas a la autoridad electoral” (artículo 16, numeral 5).

Por ello los observadores electorales sólo podrían ejercer una vigilancia electoral silenciosa, en los centros de votación en los que el CNE permita su acreditación.

De hecho, este Reglamento establece una serie de condiciones que restringen sensiblemente las posibilidades para que las organizaciones observadoras o de acompañamiento puedan evitar el ventajismo oficialista permitido por el CNE.

El artículo 15 de este reglamento, por ejemplo, no deja espacio a la interpretación: las organizaciones observadoras no podrán  denunciar públicamente las violaciones a la equidad en la contienda electoral, que – por cierto – están a la vista de todos los venezolanos:“Las personas acreditadas (…) no podrán: Emitir declaraciones ni opinión en general y en particular sobre los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela hasta que haya culminado el proceso electoral (…) De igual modo, se abstendrán de inducir, persuadir u orientar al electorado, así́ como hacer pronunciamientos públicos”

Ventajismo electoral

Con este reglamento una organización observadora no podría referirse oportunamente a los resultados del trabajo de monitoreo electoral de Súmate, que permitió contar 170 alocuciones del Presidente de la República, por los medios de comunicación social, durante los primeros ciento ochenta (180) días de 2010, con un promedio de 3 horas diarias. En buena parte de estas intervenciones, el Presidente de la República ha promocionado directamente a sus candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, pronunciándose abiertamente en contra de la oposición política. Entre ellas, realizó nueve actos también como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El resto estuvo distribuido entre 15 programas Aló Presidente, 38 cadenas desplegadas en todos los medios radioeléctricos del país, 96 transmisiones especiales, 9 programas especiales, 3 ruedas de prensa, 5 entrevistas especiales y pases en el programa “Dando y Dando” y 4 entrevistas especiales y pases en el programa “La Hojilla”.

Ciertamente, es conveniente que existan organizaciones que ejerzan la Observación Nacional Electoral y el “Acompañamiento Internacional” – restringido ahora incluso desde su misma denominación – aún con las evidentes limitaciones impuestas por el CNE a sus acciones. La razón de ello es que en la defensa de los votos de todos los venezolanos no se debe abandonar ninguna trinchera de lucha.

De acuerdo al referido Reglamento de Observación Nacional y Acompañamiento Internacional se entiende que “En ningún caso, las declaraciones, conclusiones o informes tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral, ni mucho menos carácter vinculante para la autoridad electoral…”. Esto atenta contra la transparencia de las elecciones, más aún cuando el Reglamento deja al Consejo Nacional Electoral la decisión de determinar la oportunidad y condiciones en que se hará público el contenido de los informes presentados.

Cabe la pregunta ¿por qué el CNE permite el descarado ventajismo a favor del oficialismo, si debería ser el garante de elecciones justas y verdaderamente democráticas?

Reglamento a la medida

El artículo 15 del Reglamento de Observación Nacional y Acompañamiento Internacional, ya mencionado anteriormente, impide a los observadores  “… Hacer comentarios personales acerca de sus observaciones o conclusiones a los medios de información o a terceros, antes que la vocera o vocero del grupo de observación nacional electoral o de acompañamiento internacional electoral, del cual forma parte, haga su declaración formal, de conformidad con el presente Reglamento”.

Lo expresado en el artículo anterior sólo podrá hacerse después de las elecciones, tal como lo prevé el artículo 19 de esta normativa: “Las actividades de observación nacional electoral y de acompañamiento internacional electoral concluirán con la presentación, ante el Consejo Nacional Electoral, de un informe escrito, confidencial, del grupo de observación nacional electoral o de acompañamiento internacional electoral correspondiente, el cual contendrá́ el análisis, conclusiones y sugerencias de la actividad realizada. Este informe será presentado por la vocera o vocero designado, una vez que concluya el proceso electoral y el Consejo Nacional Electoral haya efectuado las proclamaciones de las candidatas o candidatos elegidas o elegidos”.

Sin embargo, los observadores electorales, de estar presentes en las Elecciones Parlamentarias el próximo 26 de septiembre, podrían incluir en sus informes las posibles irregularidades que pudieran cometerse, a pesar de las restricciones impuestas por el CNE.

Hay que apoyar a los defensores del voto

mayo 16, 2010

Bajo condiciones de Elecciones Limpias, Súmate podría dedicarse exclusivamente a la observación electoral nacional. Esta labor es consistente con la naturaleza de esta organización ciudadana independiente; que defiende los derechos políticos de todos los venezolanos. Sin embargo, en vista de los obstáculos que el CNE ha impuesto a los procesos electorales en el pasado, incluyendo restricciones inaceptables para la labor de una observación electoral realmente independiente, es que Súmate ha ganado experiencia en el ejercicio de la contraloría electoral a través de la actuación de los testigos.

Aunque el CNE no garantiza la celebración de Elecciones Limpias, por su parcialización hacia el oficialismo, los ciudadanos activados en la Defensa del Voto pueden lograr el día de las elecciones, que los votos totalizados por el organismo electoral representen efectivamente la voluntad popular expresada ante las máquinas de votación. Por eso Súmate llama a votar y a defender los votos en las próximas elecciones parlamentarias.

Para la defensa del voto, los venezolanos deben aspirar a tener testigos en todas y cada una de las Mesas de Votación del país. En cada Mesa donde no haya un testigo formado y organizado, no será posible garantizar la transparencia de los resultados reportados por el CNE. Sin embargo, la Defensa del Voto no se limita a la presencia de los Testigos en cada Mesa de Votación el día de la elección, pues incluye la efectiva ejecución de las actividades de formación y organización antes del evento electoral, la eficaz actuación de los Testigos con todo el apoyo requerido durante la jornada comicial, y la disposición oportuna de la información acerca de los resultados del proceso, inmediatamente después de las elecciones.

Ante el CNE, los candidatos son los que tienen la última palabra para seleccionar a los Testigos electorales para cada Mesa de Votación; y los cinco partidos con mayor votación nacional son quienes pueden acreditarlos ante el CNE, en las etapas previas y posteriores del proceso electoral.

Por ello, cuando Súmate se ofrece para colaborar en la formación y organización de Testigos, debe hacerlo necesariamente en alianza con los candidatos correspondientes, dado que sólo a través de ellos se puede obtener la acreditación para la actuación de los Testigos en cada Mesa de Votación.

Así, el reclutamiento y selección de los Testigos corresponde a los candidatos de la circunscripción respectiva. En los casos de la Unidad Democrática, este trabajo podrá ser apoyado por las Comisiones Electorales de la localidad, que en la mayoría de los casos han estado funcionando desde el año pasado.

En los últimos procesos electorales, en el país se han desarrollado múltiples redes de Defensores del Voto, asociadas a diversas organizaciones partidistas y ciudadanas independientes, incluyendo el movimiento estudiantil y otras organizaciones juveniles. Sin embargo, para que sus aportes sean efectivos, es fundamental que todas estas organizaciones alineen su trabajo con los candidatos correspondientes, porque el CNE acreditará un solo testigo principal para todos los candidatos y partidos de una misma alianza política.

La eficacia de la labor de tantos y tan diversos actores, cohesionados bajo el objetivo común de lograr la mejor y máxima cobertura de las Mesas de Votación de todo el país con Testigos y el personal de apoyo necesario, sólo puede lograrse a través de una coordinación adecuada. Si se subestima este inmenso reto, desde el punto de vista político como operativo, no sólo podría retrocederse en la Defensa del Voto, sino que frustraría las expectativas de una ciudadanía ávida por participar activamente en el fortalecimiento democrático de Venezuela.

Con sus conocimientos, experticia y con su red de voluntarios, Súmate apoyará a todos los defensores del voto, bien sean árbitros (miembros y secretarios de mesa y juntas electorales), testigos, observadores y electores, que acepten la asesoría y colaboración de la organización.

Súmate no dudará en dar su aporte ciudadano. La posibilidad de potenciarlo, para una verdadera construcción de democracia, está en manos de los actores político-partidistas.

Referendo Consultivo, una nueva solicitud

mayo 16, 2010

El martes 26 de mayo Fedecámaras Lara presentó a la Oficina Regional Electoral una solicitud de Referendo Consultivo, sobre la expropiación de parcelas en la Zona Industrial I, que, entre otros, estaría afectando a 800 trabajadores de Cervecería Polar y de Pepsi Cola.

Al respecto el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala lo siguiente:

“Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral. También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia municipal y parroquial y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal y al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; el Alcalde o Alcaldesa y el Gobernador o Gobernadora de Estado, o a solicitud de un número no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondiente.”

Aún cuando el año pasado fue aprobada una nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, esta deja a criterios del Consejo Nacional Electoral la elaboración de un reglamento sobre Referendos, es decir, aún se desconocen los lapsos y mecanismos asociados a un Referendo Consultivo.

No es la primera vez que se hace este tipo de solicitud.

En el año 2002 Súmate presentó la primera para activar un proceso de Referendo Consultivo con el fin de solicitar al Presidente en ejercicio “la renuncia voluntaria” a su cargo. Se recolectaron 2.057.407 firmas a nivel nacional. Luego del proceso de verificación y depuración realizado por Súmate, y posteriormente auditado por la firma auditora internacional Delloite & Touche, se obtuvieron 1.574.233 firmas válidas, las cuales fueron presentadas ante el CNE el 4 Noviembre de 2002.

Con posterioridad a la verificación de firmas por parte del CNE y la constatación del mínimo de firmas necesarias para la realización del Referendo Consultivo, (10% de los electores inscritos), el 3 de diciembre de 2002 procedió a convocar dicho evento para el 2 de febrero de 2003. Seguidamente, los diputados Desiré Santos Amaral, Ramón Darío Vivas Velazco y José́ Salamat Khan (miembros del partido político Movimiento Quinta República – MVR) introdujeron ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un Recurso Contencioso de nulidad contra la resolución de convocatoria al referendo consultivo, buscando declarar como “ilegítima” la designación del rector Leonardo Pizani al directorio del CNE.

El 22 de enero de 2003, a escasos 10 días del Referendo Consultivo, la Sala Electoral del TSJ se pronunció acerca de este Recurso dictaminando medidas cautelares específicas a ser acatadas por el CNE. Esta decisión dio pie a que la convocatoria de Referendo Consultivo planteada para la fecha fuera suspendida.

En el año 2009, también fueron solicitados otros referendos consultivos ante el CNE:

* En el caso del mercado municipal de Chacao, el CNE argumentó que hasta que no haya un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre un recurso de amparo introducido por los vecinos, el 28 de octubre de 2008, el ente electoral no podía aprobar y desaprobar la petición de referendo.

* Para la consulta a los zulianos sobre la Ley de Descentralización el CNE, con el voto en contra de Vicente Díaz, rechazó la solicitud del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) . Los representantes del Poder Electoral que tomaron la decisión, consideraron que la ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público es de carácter nacional, lo que impide que se convoque una consulta popular de ámbito regional para evaluar la opinión de los ciudadanos sobre cómo debe aplicarse la norma legal.

* En referencia a la Ley de Distrito Capital donde el alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, llevó una solicitud para realizar un referéndum consultivo, el organismo comicial concluyó, en su sesión del jueves 28 de mayo de 2009, que el mecanismo para efectuar la consulta sería un referendo abrogatorio, ya que no se puede consultar sobre una ley que ya ha sido sancionada.

Ahora, el Poder Electoral tiene una oportunidad para demostrar si realmente está comprometido con la democracia participativa establecida en la Constitución Nacional.

Diputados con doble nacionalidad y naturalizados

mayo 16, 2010

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en el Artículo 41, establece que: Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal o Fiscala General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y aquellos contemplados en la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional.”

Queda así establecido que la aspiración a los cargos referidos sólo es para los venezolanos de nacimiento. Es oportuno precisar que este artículo no impide a los venezolanos con doble nacionalidad y los venezolanos por naturalización aspirar a cargos de Diputados a la Asamblea Nacional, Gobernaciones y Alcaldías no fronterizas, con tal de que cumplan con la residencia y demás requisitos establecidos por la Constitución y leyes de la República.

En tal sentido es claro que los doble nacionalizados y los naturalizados tienen derecho a optar a cargos de diputados a la Asamblea Nacional en estados fronterizos, con base en lo que señala la CRBV, donde sólo excluye a los Gobernadores de Estados Fronterizos y Alcaldes de Municipios Fronterizos. Pero para ejercer los cargos Presidente y Vicepresidente de la AN, deben ser venezolanos de nacimiento.

Procesos

mayo 16, 2010

Registro Electoral

El 21 de mayo, el CNE hizo público el Registro Electoral preliminar para las elecciones del 26 de septiembre.

El corte del 7 de mayo cerró con 17.776.774 electores de los cuales 17.580.056 podrán votar en los próximos comicios, ya que los extranjeros registrados como votantes, 196.718 personas, no están en capacidad de elegir a los representantes del cuerpo legislativo, mientras que los venezolanos en el exterior (56.909) participan en la elección de los diputados del Parlamento Latinoamericano.

Según el CNE, en el operativo que se realizó desde el 25 de enero hasta el 7 de mayo, se inscribieron 750.382 nuevos votantes de un aproximado de 1.5 millones de ciudadanos en edad de votar, es decir, un 50% del esperado.

Es importante evaluar dónde están ubicados los 750 mil 382 nuevos inscritos en el Registro Electoral, sobre todo en las circunscripciones electorales que fueron modificadas por el CNE.

El 52,3% (9.298.292 electores) del total de electores inscritos en el Registro Electoral (RE), de acuerdo con el corte del mes de mayo de este año, que corresponde a los estados que son gobernados por fuerzas adversas al oficialismo, como:

1. Carabobo (10 diputados),

2. Distrito Capital (10 diputados),

3. Lara (9 diputados),

4. Miranda (12 diputados),

5. Nueva Esparta (4 diputados),

6. Táchira (7 diputados) y

7. Zulia (15 diputados),

… podrán escoger 67(40,6 %) de los 165 diputados que se elegirán el próximo 26 de septiembre, de acuerdo a la distribución que realizó el Consejo Nacional Electoral en las circunscripciones electorales.

Mesas esperan pronunciamiento del CNE

Al momento de realizar el sorteo de miembros y secretarios de mesa, 329 mesas, de los posibles nuevos centros de votación no tenían más de 30 de electores inscritos cuando el promedio debe ser de aproximadamente de 500 electores por mesa.

El 26 de septiembre deben funcionar las mesas que superen los 100 electores registrados y, por consiguiente, se deberá realizar el respectivo sorteo de los miembros y secretarios de mesa. Pero las mesas que no lleguen al número mínimo, 100 electores, requerido deberán redistribuir a los electores entre los centros cercanos.

Según el cronograma

El 25 de mayo se inició el período de impugnaciones al registro electoral, período en el cual el elector puede hacer un reclamo formal ante el CNE en caso de que su inscripción o actualización no haya sido procesada correctamente o si sus datos fueron modificados sin su consentimiento o aceptación. El 5 de junio finaliza el período de impugnación.

La revisión del registro electoral preliminar, por parte de los testigos de los partidos políticos, se realizó el 25 de mayo. Para Súmate la auditoría del Registro Electoral debe ser permanente e incluir la comparación

Necesario generar confianza en el electorado

Súmate considera que es fundamental la presencia de las misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) para las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre, para detener posibles transgresiones al marco legal en el ámbito electoral, que alimentan el ventajismo ilegítimo del sector político oficialista.

Esta labor no se debe confundir con la visita o acompañamiento electoral internacional que el CNE tiene previsto para que tenga lugar entre el jueves 24 al domingo 26 de septiembre.

Entre las actividades que una observación electoral debe evaluar antes, durante y después del proceso electoral destacan las siguientes:

⇒ la conformación de las circunscripciones electorales;

⇒ la elaboración oportuna de los diferentes reglamentos y normas electorales;

⇒ la selección, notificación, formación y acreditación de los miembros y secretarios de las juntas y mesas electorales;

⇒ la publicación del Registro Electoral Preliminar y el Definitivo;

⇒ la acreditación de testigos electorales;

⇒ las auditorías del sistema automatizado de votación;

⇒ la campaña electoral;

⇒ la instalación y constitución de mesas electorales;

⇒ la presencia, participación y actuación de los miembros, secretarios y los testigos en las mesas de votación;

⇒ la actuación del Plan República, así como los actos de votación, escrutinio, y verificación ciudadana con el fin de corroborar que todos los votos se cuenten y que el voto sea secreto.

Ante la LOPRE

Con el presente cuadro, como parte de las actividades de contraloría ciudadana electoral, se hace un  seguimiento de las acciones del administrador electoral (Consejo Nacional Electoral) con base al cronograma establecido por el referido organismo. Los vacíos dejados en la nueva LEY ORGANICA DE PROCESOS ELECTORALES (LOPRE) en cuanto a lapsos procedimentales, son llenados con reglamentos. En este sentido el CNE intenta eximirse de ser denunciado por incumplimiento, porque no hay lapsos obligantes en la ley. Aún así el ciudadano tiene la última palabra y por ello en este cuadro se compara en algunos aspectos ambas leyes: la derogada LEY ORGANICA DEL SUFRAGIO Y PARTICIPACIÓN POLITICA (LOSPP) y la vigente LEY ORGANICA DE PROCESOS ELECTORALES (LOPRE)