¿Observación o Acompañamiento Electoral?

Ante cada nueva evidencia de la falta de transparencia del CNE en la conducción de los procesos electorales, y dada la falta de respuesta de los organismos jurisdiccionales para corregir oportunamente las irregularidades cometidas y permitidas por la autoridad electoral, la ciudadanía organizada debe  enfrentar eficazmente estos obstáculos que pretenden disminuir el poder del voto y alejarnos del futuro democrático que merecemos todos los venezolanos.

En este contexto, es necesario que la mayor cantidad de ciudadanos entienda la importancia de su voto, ejerciéndolo en las próximas elecciones parlamentarias conscientemente, por un futuro democrático y de progreso que puede construirse en el país. Por eso nadie debe dejarse chantajear por el ventajismo ni caer en la trampa de la intimidación, aprovechando que el voto es secreto. Así valdrá la pena defender los votos, sumándose a la labor de los testigos electorales acreditados por los candidatos y la de los observadores electorales.

En cuanto al ejercicio de la observación, de acuerdo al “Reglamento en materia de Observación Nacional Electoral y Acompañamiento Internacional Electoral”, publicado por el CNE en su página web el pasado 16 de Junio, las organizaciones observadoras deberán “Mantener bajo estricta confidencialidad o reserva el contenido de los intercambios de opinión o sugerencias formuladas a la autoridad electoral” (artículo 16, numeral 5).

Por ello los observadores electorales sólo podrían ejercer una vigilancia electoral silenciosa, en los centros de votación en los que el CNE permita su acreditación.

De hecho, este Reglamento establece una serie de condiciones que restringen sensiblemente las posibilidades para que las organizaciones observadoras o de acompañamiento puedan evitar el ventajismo oficialista permitido por el CNE.

El artículo 15 de este reglamento, por ejemplo, no deja espacio a la interpretación: las organizaciones observadoras no podrán  denunciar públicamente las violaciones a la equidad en la contienda electoral, que – por cierto – están a la vista de todos los venezolanos:“Las personas acreditadas (…) no podrán: Emitir declaraciones ni opinión en general y en particular sobre los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela hasta que haya culminado el proceso electoral (…) De igual modo, se abstendrán de inducir, persuadir u orientar al electorado, así́ como hacer pronunciamientos públicos”

Ventajismo electoral

Con este reglamento una organización observadora no podría referirse oportunamente a los resultados del trabajo de monitoreo electoral de Súmate, que permitió contar 170 alocuciones del Presidente de la República, por los medios de comunicación social, durante los primeros ciento ochenta (180) días de 2010, con un promedio de 3 horas diarias. En buena parte de estas intervenciones, el Presidente de la República ha promocionado directamente a sus candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, pronunciándose abiertamente en contra de la oposición política. Entre ellas, realizó nueve actos también como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El resto estuvo distribuido entre 15 programas Aló Presidente, 38 cadenas desplegadas en todos los medios radioeléctricos del país, 96 transmisiones especiales, 9 programas especiales, 3 ruedas de prensa, 5 entrevistas especiales y pases en el programa “Dando y Dando” y 4 entrevistas especiales y pases en el programa “La Hojilla”.

Ciertamente, es conveniente que existan organizaciones que ejerzan la Observación Nacional Electoral y el “Acompañamiento Internacional” – restringido ahora incluso desde su misma denominación – aún con las evidentes limitaciones impuestas por el CNE a sus acciones. La razón de ello es que en la defensa de los votos de todos los venezolanos no se debe abandonar ninguna trinchera de lucha.

De acuerdo al referido Reglamento de Observación Nacional y Acompañamiento Internacional se entiende que “En ningún caso, las declaraciones, conclusiones o informes tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral, ni mucho menos carácter vinculante para la autoridad electoral…”. Esto atenta contra la transparencia de las elecciones, más aún cuando el Reglamento deja al Consejo Nacional Electoral la decisión de determinar la oportunidad y condiciones en que se hará público el contenido de los informes presentados.

Cabe la pregunta ¿por qué el CNE permite el descarado ventajismo a favor del oficialismo, si debería ser el garante de elecciones justas y verdaderamente democráticas?

Reglamento a la medida

El artículo 15 del Reglamento de Observación Nacional y Acompañamiento Internacional, ya mencionado anteriormente, impide a los observadores  “… Hacer comentarios personales acerca de sus observaciones o conclusiones a los medios de información o a terceros, antes que la vocera o vocero del grupo de observación nacional electoral o de acompañamiento internacional electoral, del cual forma parte, haga su declaración formal, de conformidad con el presente Reglamento”.

Lo expresado en el artículo anterior sólo podrá hacerse después de las elecciones, tal como lo prevé el artículo 19 de esta normativa: “Las actividades de observación nacional electoral y de acompañamiento internacional electoral concluirán con la presentación, ante el Consejo Nacional Electoral, de un informe escrito, confidencial, del grupo de observación nacional electoral o de acompañamiento internacional electoral correspondiente, el cual contendrá́ el análisis, conclusiones y sugerencias de la actividad realizada. Este informe será presentado por la vocera o vocero designado, una vez que concluya el proceso electoral y el Consejo Nacional Electoral haya efectuado las proclamaciones de las candidatas o candidatos elegidas o elegidos”.

Sin embargo, los observadores electorales, de estar presentes en las Elecciones Parlamentarias el próximo 26 de septiembre, podrían incluir en sus informes las posibles irregularidades que pudieran cometerse, a pesar de las restricciones impuestas por el CNE.

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